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Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo,

pero no se puede engañar a todos todo el tiempo.

Abraham Lincoln

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Índice

1 - Recordando hechos heroicos que se quieren olvidar: “Combate de Pueblo Viejo”.

2 - De Notiar: “Preguntas con demasiadas respuestas”, por Malú Kikuchi.

3 - La Justicia Federal argentina ha ingresado en una completa ilegalidad - Nota publicada por la “Asociación de Promociones”  de las FFAA: “Los 14 derechos humanos que el estado argentino esta violando a los  militares  enjuiciados en su condición de prisioneros políticos”, ... hoy publicamos completo el primero de ellos.

4 – El ´Panorama político semanal´ de Gabriela Pousa: “Entre incongruencias y contradicciones”.

5 - Editorial de la Nueva Provincia: “Encrucijada” .... cuando el jefe de Gabinete ´no se dio cuenta´.

6 - Publicado en “Economía para todos” – Por Carlos Mira: ¿Y ahora qué? ... el presidente debe dejar de compadrear con actitudes de patotero barato que no hacen sino retroalimentar las peores inclinaciones de la sociedad. Y ésta debe tomar conciencia de sus propias malas costumbres y cobardías....

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1 – Notas recibidas – Recordando hechos heroicos que se quieren olvidar

“Combate de Pueblo Viejo”

Amigos:

Hace 31 años, un Equipo de Combate del Grupo de Artillería de Montaña 5 se enfrentó con un grupo de terroristas de la autodenominada "Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez" del ERP, en las márgenes del río Pueblo Viejo, en la zona del monte La Florida, en el departamento de Monteros, provincia de Tucumán. La subunidad militar realizaba operaciones en cumplimiento de un Decreto emanado por la entonces Presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón.

Como resultado del combate, las tropas argentinas sufrieron la muerte del entonces Tte. 1ro. Héctor Cáceres y las heridas del Tte. Rodolfo Richter, del Subteniente Daniel Arias y del Cabo 1ro. Miguel Orellana.

Elevemos hoy una oración en memoria de Cáceres y roguemos por la continuación de la recuperación de los mártires heridos.

Vaya en este día mi fraternal saludo y reconocido agradecimiento para todos los oficiales, suboficiales y soldados que me acompañaron en esa heroica y sacrificada tarde de carnaval tucumano.

El entonces Capitán Jones Tamayo

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2 - Publicado en Notiar

“Preguntas con demasiadas respuestas”

por Malú Kikuchi

En nuestra Argentina, con respecto a la cosa pública, tenemos más preguntas que respuestas. ¿Qué pasa si tenemos muchas preguntas e igual número de respuestas? Nos desconcertamos.

Estamos desconcertados. Lo ocurrido el martes pasado en Las Heras, provincia de Santa Cruz, desconcierta.

La provincia de Santa Cruz, al sur de la República, el pago chico del Presidente, se caracteriza, entre otras cosas, por su riqueza petrolera y el poderoso sindicato que agrupa a los trabajadores del petróleo. No hace mucho, Héctor Segovia, hombre del Presidente, gana las elecciones del sindicato por el 82% de los votos. En esa elección para secretario general del sindicato, Mario Navarro, chileno de nacimiento, argentino por adopción, llega 4º. Los sueldos de los obreros del petróleo son muy altos para los estándares argentinos, $2.500. Los costos son igualmente altos.

El injusto impuesto a las ganancias que deben pagar los asalariados casados a partir de los $2.400 y solteros desde $1.800, divide al sindicato. Navarro y unos 500 obreros cortan la ruta 42 para protestar por el impuesto. Paralizan las actividades de Repsol YPF, Pan American Energy y Vintage Oil, que operan en la zona. Se ordena disolver el piquete. No se acata la orden. Mientras Mario Navarro habla por la radio de Las Heras, una jueza dicta la detención de Navarro. Detención que se lleva acabo y se aloja a Navarro en la comisaría de Las Heras.

Las Heras, pueblo del desierto patagónico, 17.000 habitantes, agua que proviene de napas contaminadas con petróleo, un casino y jóvenes que se van a buscar otros rumbos menos solitarios y más confortables. Todos se conocen entre si. En la madrugada del martes 7, un grupo de 200 a 300 personas (según Navarro) o de 1.000 (según el gobierno de la provincia), ataca la comisaría para liberar a Navarro.

Navarro es un hombre pacífico, dice el Presidente. Los policías, desarmados, (balas de goma), se ven desbordados, son rociados con gasolina y les disparan con balas de verdad. Jorge Sayago, hoy ascendido a comisario “post mortem”, es herido de bala en un hombro, cae al suelo, le sacan el casco, con un hierro le destrozan la cara, luego lo golpean en la cabeza hasta que saltan los sesos y para terminar, lo apuñalan. El policía que viene en su socorro es igualmente herido de bala.

Saldo final, un muerto, Sayago, 5 policías heridos de bala, muchos contusos. Roberto Ramírez, albañil de Las Heras, testigo amenazado de muerte, declara haber visto 8 francotiradores, 6 con pistola, 2 con rifles con mira telescópica. Dispararon contra la ambulancia que fue a retirar a los heridos y la comisaría exhibe en sus paredes unas 130 balas. “Casualidades” que se suman a los hechos; el cuñado de Héctor Segovia, el cacique tehuelche Alejandro Paisman Vera es encontrado muerto (paro cardiorrespiratorio) en una cuneta tapado con chapas. A Abel Sinffli, 2º en el sindicato, le matan un perro y le hieren a otro.

Han pasado 6 días del hecho y no hay culpables identificados.

Hasta aquí, los hechos. Preguntas: si los piqueteros no andan armados, ¿de donde salieron las armas? ¿Porqué estaban desarmados los policías? ¿Hubo infiltrados? ¿De qué lado y porqué?

Posibles respuestas: si hubo infiltrados y éstos venían del lado empresario que no está de acuerdo con el modelo económico actual - primera versión del gobierno -, esto forma parte de una conspiración en contra del Presidente. De ser así, y no haber sido previsto por los servicios de inteligencia nacionales y provinciales, es muy grave. Estamos a merced de posibles conspiraciones anticonstitucionales. Muy grave.

Si los infiltrados fueron de extrema izquierda - Polo Obrero, Quebracho, etc, pudiera ser que hasta con la bendición de Hugo Moyano -, todos ellos irritados por el doble discurso del Presidente, que habla para la izquierda y le paga al FMI todo y de una, ¿cómo no pudo ser detectado a tiempo por los servicios de inteligencia nacionales y provinciales? Es muy grave. Estamos a merced de ataques absolutamente anticonstitucionales. Muy grave.

Si los infiltrados tuvieron algún tipo de visto bueno desde algún sector del gobierno Nacional para desestabilizar al gobernador Acevedo que insiste en traer los dineros de Santa Cruz a la provincia (dineros que no vuelven a pesar de las promesas presidenciales), el hecho sería gravísimo. Poner en riesgo la vida de personas por problemas personales es tema que compete al código penal. Muy grave.

Si los infiltrados fueron la respuesta del gobierno Nacional al desborde permanente de los piquetes, es grave. Los piquetes que han sido permitidos y a veces usados por el gobierno, han pasado a formar parte natural del panorama político argentino. ¿Será que a partir de ahora no va a haber margen para la ilegalidad? No se combate lo ilegal con métodos ilegales. Los argentinos algo de eso sabemos y todavía lo padecemos. Si en vez de reprimir con la ley en la mano y con las armas adecuadas, el gobierno espera que un clamor popular harto de los piquetes, pida represión, el método, además de inconstitucional, es grave. Muy grave.

Y si, como parece ser, fue una pueblada espontánea con los desubicados de siempre, ¡qué grave! El gobernador Sergio Acevedo, el jefe de policía provincial Wilfredo Roque, el intendente de Las Heras José Luis Martinelli, ¿qué hacen, cómo gobiernan, qué información manejan? El descontrol por desconocimiento o desidia es una peligrosísima manera de “desgobernar”. Muy grave.

Demasiadas preguntas. Demasiadas posibles respuestas. El hecho es que en el pago chico del Presidente asesinaron a un policía e hirieron a otros 5 en un suceso más que confuso. En un pueblo chico donde todos se conocen, nadie sabe nada. El único testigo que se anima a hablar es amenazado de muerte. Pasaron 6 días. No hay detenidos. Ni siquiera hay sospechosos. Muy grave. Y también, muy sospechoso.

“¡Venir a hacerme esto a mi que nací en esa provincia!”: N.C. Kirchner

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3 - La  Justicia Federal argentina ha ingresado en una completa ilegalidad

Publicaremos regularmente notas sobre las garantías constitucionales hoy avasalladas y denuncias puntuales ante la opinión pública sobre los constantes atropellos y absurdos cometidos en todas y cada una de las causas contra los militares veteranos; van desde el desvergonzado “copiar y pegar” por jueces y fiscales de los escritos de las querellas marxistas, hasta la complaciente aceptación de falsos testimonios evidentes.

No pocos Fiscales, Jueces y sus Secretarios ameritan ser juzgados y encarcelados el día que tengamos nuevamente una justicia imparcial e independiente, por haberse sometido a personales odios ideológicos o por su cobardía ante las presiones políticas de los cómplices de los ex terroristas.

Prensa Independiente

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Nota publicada por la “Asociación de Promociones”  de las FFAA:

Argentina  2006

Violación de derechos humanos

y  libertades fundamentales

“Los  14 derechos humanos que el estado argentino esta violando a los  militares  enjuiciados en su condición de prisioneros políticos”

En 1983 Alfonsín en su condición de presidente dictó el Dto.157/83 mediante el cual, declaró la necesidad de perseguir penalmente a diversos terroristas, imputándoles delitos comunes [1]

Seguidamente y en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por decreto 158/83 ordeno el juzgamiento de los comandantes en jefe [2] que integraron las Juntas a partir del 24 de marzo de 1976, y les imputó delitos comunes derivados de haber llevado a cabo “un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales.”

De esta manera evitó la aplicación del derecho de guerra, en cuyo exclusivo ámbito correspondía evaluar la respuesta ordenada por el gobierno constitucional de M.E. Martínez de Perón a la guerra revolucionaria desatada por organizaciones armadas que pretendían tomar el poder por la violencia, como lo reconoció en sus considerandos el propio citado decreto 157/83.

Años después los delitos comunes prescribieron, justamente por su condición de delitos comunes. Sin embargo, movilizados primero por la falsa teorización de querellantes otrora terroristas ó simpatizantes de los mismos y luego por la nulificación de las leyes de punto final y obediencia debida (L.25.779 de 2.003) los tribunales decidieron entonces encuadrar los delitos comunes que mandó a averiguar la ley 23.049 [3] en la categoría de lesa humanidad, no existente en el Código Penal argentino ni en su Constitución.

Como consecuencia de ello comenzaron las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado Argentino, a saber:

(Nota de Prensa Independiente: publicaremos de a una en  cada número nuestro las 14 violaciones)

1 - Primera violación de derechos humanos y  libertades fundamentales

Condena por aplicación de prisiones preventivas permanentes y no ajustada a sus fines cautelares, en violación al principio constitucional de inocencia

Los arts. 2.280 y 319 del código procesal penal de la Nación (CPP), y el art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que el fin de la prisión preventiva es meramente cautelar, para asegurar la comparecencia del imputado al juicio, y que por tanto la cautela personal puede ser sustituida por una cautela real (fianza) dirigida al mismo fin sin necesidad de privar de la libertad.

La última norma citada además, expresamente dispone que “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general...”

Por lo tanto, sólo es razonable la imposición de la prisión preventiva si el fin de asegurar la comparecencia a juicio no puede conseguirse por medio de una cautela real, ó medidas alternativas (por ej.: presentación ante fuerzas de seguridad con periodicidad, bajo apercibimiento de revocar la excarcelación; retención del pasaporte; presentación ante el juzgado, etc.)

Por otra parte la ley 24390 establece que las prisiones preventivas no pueden ser mayores a dos años adicionando un año más de prorroga (texto ordenado por L.25.430)

Ésta es la cuestión de la duración razonable de la prisión preventiva, en función de que no se pueden mantener detenciones ‘sine die’ (arts.7:5 PSJCR, y 9:3 PIDCyP). Obviamente si la imposición de la prisión preventiva no es razonable, tampoco lo es su prórroga.

Por eso, y pese a todo ello, al aplicárseles a los militares - subordinados de los comandantes juzgados - prisiones preventivas irrazonables, con prolongaciones también irrazonables, el gobierno tiene hoy prisioneros políticos y de guerra que llevan hasta ocho años sin sentencias, sin modificar sus embargos, ni su prisión.

El abogado de una querella Dr. Yanzón, ha justificado plenamente la condena por aplicación de la prisión preventiva perpetua (Clarín 26-12-05). Este criterio es compartido por magistrados del poder judicial  federal quienes crean  derecho judicial, a la manera de los jueces soviéticos, violando expresamente la Constitución Nacional (arts.18,75:12, 126 CN).

Así, las prisiones preventivas se transforman en condenas sin juicio consentidas por el gobierno, pues por un lado los jueces utilizan el indebido é inconstitucional arbitrismo de mantener la prisión preventiva hasta que vence el término legal, y cuando corresponde la excarcelación, los fiscales, por otro lado, abren otra causa distinta, los jueces dictan una nueva prisión preventiva y recomienza la cuenta.

De esta suerte, un imputado en una causa y en desprendimientos incidentales de la misma, puede estar 6 ó más años en prisión preventiva.

Lo más importante, sin embargo, es la impune violación por el poder judicial federal  al art.9:3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hoy de jerarquía constitucional (art.75:22 CN) que dispone: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas NO DEBE SER LA REGLA GENERAL, pero su libertad podrá estar SUBORDINADA A GARANTÍAS QUE ASEGUREN LA COMPARECENCIA DEL ACUSADO en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

La regla es conceder la libertad y no mantener encarcelados sin tiempo a los acusados, dado que hasta que el imputado  no es condenado, prima su estado jurídico constitucional de inocencia (art.18 CN, 8:2 PSJCR, 14:2 PIDCyP)

Pactos internacionales que recuerdan este principio:

* Pacto de San José de Costa Rica - OEA 1969 (ley 23.054,CN 7522)

Art.8: “2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”

* Pacto de Derechos civiles y Políticos  Nueva  York - ONU 1976 (ley 23313, CN 75:22) –

Art 14 3 “2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.”

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4 - Panorama político semanal, 13 de febrero de 2006

Por Gabriela Pousa:

“Entre incongruencias y contradicciones”

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas” Albert Camus

Es posible que lo sorprendente de la “Argentina K” no sea ya la manera en que el gobierno actúa como si la gente no advirtiese sus contradicciones e incoherencias y, lo realmente enjundioso, radique en la apatía que la sociedad muestra ante el menoscabo que se hace de ella. En ese caso, analizar los atropellos que se sumaron al largo listado de inoperancias oficiales en la última semana no tiene demasiado sentido pero, a esta altura de las circunstancias, hasta el menor intento es bueno aunque reste popularidad o resulte el negocio menos redituable para el mercado dirigencial argentino.

Es bueno, en consecuencia, recordar no sólo el caso de Eduardo Borocotó sino también el menos promocionado pero igualmente desleal “pase” de Paola Spatola hacia un extraño “unibloque” incapaz de disimular el tufillo a maniobra oficial. Y es que, quizás, la democracia actual sea uno de los “productos” anotados en las listas kirchneristas de precio controlado. En consecuencia, ser oposición resulta demasiado caro.

Para la mayoría de las crónicas periodísticas, los hechos políticos tienen más valor que los sociales, sino no se explica que el “conflicto” con los petroleros en la provincia de Santa Cruz culmine en una suerte de “tregua” sin culpas ni culpables y con negociaciones que huelen más a pactos de silencio que a acuerdos entre partes interesadas (o interesantes, al menos)

Lo que sí cabe rescatar de los sucesos en cuestión radica en la contradicción o mejor dicho en la manipulación que el gobierno hace con la ciudadanía sin que ninguna voz se alce en son de protesta dentro de lo que suele denominarse “la casa del pueblo”, es decir el Congreso. Allí reina un excesivamente caro silencio.

De otro modo no se comprende por qué quienes cortaban  la ruta sureña reciben el nombre de “piqueteros” y, en cambio, quienes reclaman cortando el camino en la provincia de Entre Ríos reciben la  peculiar  denominación de “asambleístas”.

Menos aún se entiende que en una Nación rijan leyes sustancialmente distintas como las que se aplican en uno y otro destino.

A saber, en el sur del país está prohibido cercenar el paso o protestar en la vía pública mientras que en Entre Ríos hacerlo es caratulado por el mismísimo Presidente Néstor Kirchner como una conducta “soberana”, en consecuencia, adquiere prácticamente la categoría de “derecho” el impedir el paso a los demás.

Con este tenor de incongruencias vivimos… No hay a la vista oposición capaz de elevar la voz de protesta, menos aún capaz de proponer alguna suerte de política distinta con base en la coherencia. ¿Dónde está Mauricio Macri? ¿Dónde Lilita Carrió?

Y es que, sin que nadie explique la inconsistencia de un gobierno que dice estar controlando la inflación por el mero hecho de imponer un determinado precio para una docena de productos comestibles o de limpieza -de los que, paradójicamente, menos se consumen entre el porcentaje de gente a quienes más afecta los aumentos-, no hay forma de vislumbrar una salida para lo que ha dejado de ser ya una República: la Argentina.

La crisis de credibilidad tiene, precisamente, la lógica que le falta al discurso oficial.

Cuando en lo que va de gestión se han anunciado más de 3 mil proyectos de obras públicas y menos de un 5% se hallan en ejecución (y en algunos casos, ejecución que podría llamarse “transitoria”) creer en el “asombro” del gobierno por el repentino brote de aftosa se hace, por demás, complejo. Asimismo, en torno a ello no se han logrado dar explicaciones medianamente convincentes y si se tiene en cuenta el modus operandi de esta administración -que castiga y desdeña lo que no le es par-, más se profundiza la sensación de que detrás de la aftosa hay mano oficial con una forma muy especial de vacunar…

Los escollos que le depara el corto plazo al Presidente son más de los que están siendo atendidos ya en Casa Rosada. A la Justicia le tocará un capítulo especial antes de comenzar Marzo. No en vano, la Primera Dama desapareció literalmente de escena durante todo el verano: la negociación detrás del telón ha sido la mayor ocupación de la senadora Cristina Kirchner, dedicada a tejer una trama de complicidades y voluntades compradas para obtener su fin.

En otro vértice del ring, Kirchner ha de toparse con la “soberanía” que él mismo proclamara: es decir, con el pueblo de Entre Ríos a quién se dejó ir más allá de lo debido. En los despachos de Balcarce 50 saben que la solución al problema desatado con el Uruguay por las papeleras está mucho más cerca que la Haya y que la única forma de conciliación radica en alguna suerte de acuerdo político.

Ahora bien, después de que se le dio rienda libre, ¿acatará el pueblo entrerriano un negociado político sin exigir nada más? La respuesta no termina de llegar a los oídos del Presidente y lo único concreto en torno al tema es que cualquier solución que se de será el comienzo de otro nuevo caos, ya no con el país hermano sino con cariz netamente nacional.

El escenario no es tan benévolo como al comienzo del año se lo quiso pintar. Los supuestos “imponderables” -paradójicamente harto previsibles para el Poder Ejecutivo- se hacen notar y llegan a un aparente final sin que cierren, sin embargo, con un pasaje de ida y nada más. El regreso es una espada de Damocles difícil de sobrellevar. Y se desprende de aquí uno de los errores más peligrosos que acechan al gobierno actual: más que adentrarse en la búsqueda de soluciones han optado por encarar – con poca pericia si bien se mira – el “arte” de disimular.

Con una tregua por solución para el problema desatado en el sur, es dable esperar que otros sectores retomen los reclamos más allá de los acuerdos o desacuerdos con Hugo Moyano. El conflicto gremial será un eco molesto durante el 2006 para el gobierno.

Más fuerte se oirá cuando los precios, supuestamente “controlados”, dejen en los bolsillos de la gente un notable déficit, cercenando el aire “popular” que pretende imponer el jefe de Estado devenido ministro de economía en los últimos meses.

Por un momento, suena certera la sentencia de Woody Allen: la vocación de ciertos políticos pareciera que es hacer de cada solución un problema nuevo.

Gabriela Pousa

(*) Analista Política. Lic. en Comunicación Social (Universidad del Salvador) Master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE)

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5 – Editorial de la Nueva Provincia

“Encrucijada”

El gobierno admitió el martes -- en un pleno de la comisión de Relaciones Exteriores de Diputados -- que se equivocó en 2004, cuando el jefe de Gabinete "no se dio cuenta" e informó a las Cámaras que el conflicto con el Uruguay por las plantas de pulpa de papel ya estaba solucionado.

Ahora, estamos en una impasse total: el Uruguay insiste en que los piqueteros entrerrianos levanten los cortes de ruta y la Casa Rosada (que, a todas luces, los fomenta) insiste en que los orientales frenen la construcción de las fábricas.

Mientras unos denuncian a los otros ante el Tribunal de La Haya, los otros denuncian a los unos ante el Comité de Arbitraje del Mercosur.

En tanto, el tiempo juega en favor del Uruguay, pues cuando las plantas estén terminadas y listas para arrancar, no habrá poder en el mundo capaz de desandar lo hecho.

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6 – Publicado en “Economía para todos” - 16 de febrero de 2006

Columnista invitado: Carlos Mira

¿Y ahora qué?

El asesinato del oficial Sayago en Santa Cruz inaugura una era de violencia armada en manos de grupos civiles organizados para saquear y matar.

El gobierno y el presidente no pueden ocultar su responsabilidad por haber prohijado a los ejércitos de enmascarados. La sociedad tampoco debe lavarse las manos: sus propias costumbres y cobardías la hacen cómplice.

Los hechos de Santa Cruz han tenido una tremenda gravedad. El solo asesinato del oficial Sayago inaugura una era de violencia armada en manos de grupos civiles organizados para saquear y matar. El terrorista Oscar Kuperman, un piquetero trotskista, no tardó en vanagloriarse de esa muerte y en considerar que la vida de Sayago, por ser policía, no valía nada. Las bandas de Kuperman vienen sitiando al ciudadano común desde hace tiempo ya.

El miércoles pasado, dos días después de la revuelta en Las Heras, la ciudad de Buenos Aires estuvo de vuelta a merced de los enmascarados.

El gobierno usó desde el inicio de su gestión a esas fuerzas oscuras para su propia conveniencia. Las mandó a boicotear a Shell cuando al presidente se le ocurrió que la compañía era la responsable del aumento de los combustibles. Y las cortejó en más de una docena de veces más cuando su interés le indicaba que ésas eran las fichas que debía jugar.

Pero la administración de un país no se debate en el paño verde de un escalazo. Las “fichas” que un gobierno cree ver cuando analiza las opciones de su estrategia son vidas humanas cuando la misma ecuación baja a la sociedad.

Un Estado que no sea capaz de entregar a su gente una sensación de tranquilidad y de que las cosas serán resueltas de acuerdo a la ley y, fundamentalmente, al sentido común, no es un Estado.

Cuando el Estado entrega a grupos civiles el uso de la fuerza y de las armas, la vida en sociedad se transforma en una anarquía indomable en la que pierden los más débiles y, generalmente, los honrados y los cumplidores de la ley.

Las señales indirectas que reciben los honrados de un presidente que considera que la policía debe debatirse desarmada ante turbas ideológicas cuyo objetivo es crear el caos para tomar el poder, no puede ser más decepcionante.

La sociedad de un país civilizado supone que mediante su participación democrática entrega a sus representantes el monopolio del uso de la fuerza. Cuando verifica que la fuerza se ha privatizado y es ejercida por grupos que la hostigan, que en su hostigamiento no dudan en asesinar, y que sus autoridades naturales no tienen otra cosa más que mensajes y conductas ambiguas, entra en un estado de desasosiego naturalmente contrapuesto al progreso y a la proyección de un horizonte.

Pero la sociedad no es inocente de lo que le ocurre. Llora las muertes y se espanta al conocer los detalles de Las Heras, pero no está exenta de responsabilidades en las presentes circunstancias.

Esa responsabilidad tiene varias caras. En primer lugar, mucha parte de la sociedad argentina ha manifestado “simpatías actitudinales” por el patoterismo, la turba, el grito y la acción directa. Muchas veces, en sus propias acciones privadas, los argentinos piensan primero en la fuerza antes que en el derecho. La sociedad argentina no es una sociedad afecta a la ley. Esta inclinación no reconoce distinción de cultura o niveles económicos. Está en nuestra naturaleza. Sólo basta panear con la imaginación los recuerdos de un espectáculo deportivo masivo para tener una idea clara de lo que digo.

En segundo lugar, y esta responsabilidad es más específica de la parte más formada de la sociedad, ha sido una reiterada costumbre de la Argentina el que nadie defienda principios republicanos.

Sólo se apuesta a la cercanía con el poder para especular con obtener beneficios personales de esa situación. La clase empresaria argentina que sabe por formación y por su roce internacional que un país no tiene un buen horizonte si se aísla en sus propias fronteras, calla por conveniencia. No se anima a presentar una idea diferente frente al atropello oficial. Dice sin que se le mueva un pelo: “no es el momento para la filosofía sino para las ‘efectividades conducentes’”.

Este campo vacío fue aprovechado por el deseo del poder total. Tanta pusilanimidad no sería gratuita. Ahora, los gestos del espanto son tardíos.

El tiempo, la conveniencia política del poder y la inacción de la sociedad han permitido la proliferación de grupos violentos que nunca han renunciado a concretar una utopía fracasada en el mundo.

No admiten que sus ideas son un conjunto de incongruencias huecas que sólo han servido para asesinar, para enmudecer a los que no opinan como ellos y para sumir en la miseria a media humanidad. A esta altura sólo cabe concluir que no renuncian a este conjunto de insensateces por una mezcla de odio y de plata. Por actitud visceral odian el éxito ajeno y por conveniencia buscan el poder para ser ellos los que se queden con los recursos económicos.

No hay misterios en esto. Ninguno de estos asesinos busca el mejoramiento de las condiciones de vida de aquellos a quienes llaman “compañeros”. Sólo están detrás de la desaparición de los que no piensan como ellos y de la guita.

Ahora han matado a un oficial indefenso de un modo salvaje. Hasta ahora siguen sueltos. Los adjetivos de asombro que han usado muchos funcionarios hacen pensar en una actuación. Los policías atacados ganan menos de la mitad de los que los hirieron y mataron. Ésa es la señal indirecta que el gobierno envía y que la sociedad recibe. El asesino gana el doble que la víctima. El asesino sigue libre. El guardián de la ley asesinado.

¿Y ahora qué? ¿Qué hará el gobierno al ver que las fuerzas de Pandora que prohijó para su conveniencia se han desmadrado y andan, armadas, matando inocentes por la calle?

Las respuestas, como las responsabilidades por lo que ocurre, también son dobles. El presidente debe dejar de compadrear con actitudes de patotero barato que no hacen sino retroalimentar las peores inclinaciones de la sociedad. Y ésta debe tomar conciencia de que sus propias costumbres y sus propias cobardías han engendrado gran parte de los hechos por los que ahora se preocupa.

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